Gran Premio de Las Vegas 2023: una compensación millonaria

Los problemas organizativos que afectaron el desarrollo de los entrenamientos derivaron en una demanda colectiva contra Liberty Media. La Justicia de Nevada confirmó que las partes llegaron a un acuerdo.

El regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas en 2023 debía ser uno de los grandes acontecimientos de la temporada. La categoría volvía a competir en la ciudad estadounidense por primera vez desde la década de 1980. Pero, el estreno del nuevo circuito urbano estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

La primera sesión de entrenamientos libres recién habían empezado cuando una tapa de alcantarilla desprendida provocó grandes daños en la Ferrari de Carlos Sainz. Como consecuencia, la actividad fue interrumpida y, ante lo sucedido, no pudo volver a reanudarse.

El inconveniente tuvo un impactó directo en la programación de ese día. La segunda sesión de entrenamientos libres comenzó con dos horas de retraso. El cambio de horario tuvo un gran inconveniente: cuando la pista estuvo en condiciones, empezaron a pedirle al público que se retire de las tribunas, ya que el personal de seguridad había concluido su jornada laboral. 

Lo que pasó después era de esperarse: una demanda colectiva contra Liberty Media, empresa propietaria de los derechos comerciales de la Fórmula 1. Los fanáticos reclamaron una compensación económica por los inconvenientes. El proceso concluyó con un acuerdo que estableció un reembolso parcial de los 3.047.986 dólares.

El Tribunal de Nevada confirmó la validez del acuerdo y la resolución judicial dice lo siguiente:

«Se llegó a un acuerdo en una demanda colectiva entre los demandados Liberty Media Corporation, Las Vegas Grand Prix, Inc., y las personas o entidades que alegan que, junto con el grupo de beneficiarios del acuerdo, tenían derecho a un reembolso parcial del precio de la entrada para el Gran Premio de Las Vegas de 2023, debido a que los demandados tuvieron que aplazar la segunda sesión de entrenamientos libres y posteriormente revocaron la admisión del grupo de beneficiarios sin causa justificada antes del inicio de la FP2. 

El acuerdo propuesto no constituye una admisión de culpabilidad por parte de los demandados, quienes niegan todas las acusaciones de irregularidades y se eximen de toda responsabilidad con respecto a todas las reclamaciones contenidas en la demanda».

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